La situación se originó cuando la APDH La Pampa realizó
una presentación pública para que los asesinatos de los militantes de la UOCRA,
Elías Vázquez y Jorge Fortunsky en diciembre de 1975, sean considerados como
actos de “terrorismo de estado”.
Una funcionaria de la Subsecretaría de DD. HH. de la
provincia se ocupó de dar aviso a la ADPH de Nación sobre la utilización del
nombre de la entidad por personas de esta provincia, en clara actitud de
inoperancia, porque tan grave suceso fue denunciado por una ONG que nada tiene
que ver con la organización oficial nacional, ni provincial.
Lo grave de esto es que en ningún momento desde la
entidad oficial se pone foco en la denuncia y en las víctimas, sino en lo que
evidentemente a ellos les molesta, que una ONG se ocupe del tema, por el que
ellos cobran sustanciosos sueldos.
Si la funcionaria tan sólo concurriera a los centros que
la APDH La Pampa señaló como sitios donde se violaron los Derechos Humanos en
la provincia como Seccional Primera de Santa Rosa, General Pico, Catriló o Jacinto Arauz,
observaría que las placas alusivas de de violación de los DD. HH. fueron colocadas
por la APDH La Pampa, en actos públicos reflejados en todos los medios
regionales.
La funcionaria que alcanza recortes al organismo nacional
aduciendo ser “periodista”, lejos está de alcanzar un mínimo de objetividad,
uno de los principales fundamentos de la noble profesión.
Finalmente, la aludida funcionaria de la Subsecretaría de
DD. HH. del Gobierno de La Pampa, contó con la “complicidad” de un alto
funcionario del área de Comunicación de la provincia, para enviar a los medios
un comunicado cuestionando la presencia de la APDH La Pampa en algún caso, evitando
que llegue a manos del máximo responsable, que conoce la tarea que desarrolla
en silencio la APDH La Pampa.
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