El gobernador de la provincia, Sergio Ziliotto, estudia el avance a una nueva disposición, luego de superar una verdadera crisis que obligó retornar a la Fase 1, medida que provocó la reacción de algunos sectores, entre ellos, los comerciantes, que más allá del tinte político que se le atribuyó a la maniobra, no deja de ser un sector castigado, como el de los trabajadores independientes.
La abrupta caída de contagios permite suponer que la
curva de multiplicación del Covid-19 estaría controlada, lo que alienta a
especular con que se tomarán medidas que permitan ampliar la circulación. Sin
dudas, toda la sociedad como el mundo en general, está viviendo con zozobra una
situación inédita y a fuerza de prueba y error avanza en procura del
equilibrio.
Lo que no se puede dejar de reconocer es que se tomaron
medidas en el momento justo y el trabajo de la Policía de La Pampa como del Ministerio
de Salud y del área de Sociales de la municipalidad de la capital pampeana,
trabajaron a destajo y a ellos se debe reconocer el esfuerzo realizado.
También resulta destacable la postura del gobernador
respecto a funcionarios judiciales que junto a un ganadero, en una cena por el
día del amigo, violaron disposiciones vigentes, que motivaron la aceleración
del retorno a la Fase 1 y hoy pretenden que todo “se archive” y disponen
voluntariamente de un aporte de 20 mil pesos, lo que representa una burla a la
sociedad.
La decisión que Estado será querellante ante la irresponsabilidad
de los funcionarios judiciales, fue bien recibida por sectores sociales que han
cumplido con los términos del aislamiento social y no están dispuestos a dejar
pasar la oportunidad de que de una vez por todas, haya justicia. El ministro de
Gobierno Daniel Bensusan, fijó públicamente la postura oficial al brindar su
apoyo al fiscal designado y expresar que “si no tienen nada que ocultar, porque
no dejan que se investigue”, en relación al allanamiento realizado en sus
domicilios y el secuestro de sus teléfonos.
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