El próximo 30 de abril vence la cesión dispuesta por Carlos Menem en 1995, prorrogado en 2010 de explotación de la navegabilidad del río Paraná. Es posible recuperar la soberanía sobre ese vía fluvial generando una empresa estatal que controle, supervise y cobre los peajes del tránsito fluvial y de la que participen las siete provincias costeras (Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires), lo que permitiría recuperar el control del comercio exterior. En 2021 terminan todas las concesiones de puertos argentinos a las multinacionales.
Es preciso recuperar la administración de ese recurso y
que la AFIP cobre impuestos a los agroexportadores, la Unidad de Investigación
Financiera (UIF) sea el organismo de control de lavado de dinero, el SENASA
asegure la salubridad de todo lo que entra o sale por sus aguas y la Prefectura
Naval ejerza controles. Ninguno de esos objetivos debiera ser tercerizado
y menos en manos extranjeras.
El Paraná es el tercer río más navegable del mundo, pero Argentina
no tiene flota ni control. Paraguay, en cambio, tiene la tercera flota
fluvial más grande del planeta y esa es también razón de la urgencia de que
Argentina vuelva a tener flota de bandera nacional. Eso permitiría controlar el
contrabando de granos argentinos desde Paraguay en buques que no controlamos.
Si la Nación tomara el control del río, hay estudios que aseguran que en
dos o tres años la Argentina se convertiría en una potencia industrial
exportadora, sin deudas y con control estatal.
Estos tiempos son decisivos porque hay intereses que procuran
una nueva concesión, o sea una privatización disfrazada, aunque insólitamente alentada
por el Ministerio de Transporte. Si bien
el tema no aparece en otros medios, es una realidad que la fecha clave se
acerca y es el deseo no sólo de los 10 millones de compatriotas ribereños del
Paraná, sino de toda la Nación, la recuperación de nuestra soberanía en esa vía
fluvial.
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